De este montaje son víctimas, hasta el momento, los habitantes de Saravena Nelson Archila, Róbinson Adrián Ortega y José Diomedes Gamboa, quienes fueron privados de su libertad el sábado 30 de abril.
El caso de Nelson Archila
La joven Flor Múnera Ariza, compañera de Nelson Archila, afirma que éste ha venido siendo objeto de una permanente persecución por parte de la Policía: “el 30 de marzo de 2011 Nelson fue retenido en el barrio La Esperanza (Saravena) por miembros de la Policía, quienes lo llevaron al barrio Cofavi y le dijeron que bajara una pancarta de la guerrilla que había en una calle, pero él se negó. Después fue llevado a la estación de policía y cuando yo fui con la mamá de él a preguntar por qué lo tenían detenido, uno de los policías nos dijo que eso era de rutina, que tenía un parecido al retrato hablado del asesino de la Juez que habían matado aquí en Saravena, pero que no, que él era más bajito. Una hora más tarde lo dejaron ir para la casa”.
A todas luces, este hecho constituye un irregular procedimiento de las autoridades de policía. Pero más allá de eso, tal conducta evidencia que, ante la incapacidad o falta de voluntad política para adelantar una investigación en el marco de la legalidad, los funcionarios intentan fabricar elementos probatorios a fin de mostrar resultados en materia judicial. En tal sentido continúa el relato de la compañera permanente del joven capturado: “una semana después, Nelson fue abordado por la policía al frente de nuestra casa, con la excusa de no llevar casco ni licencia de la moto; otra vez lo llevaron hasta la estación de policía de Saravena, lo interrogaron y finalmente fue puesto en libertad”.
Según dijo el presidente Santos, Nelson Archila era el sicario que había disparado contra la juez Gaona; extrañamente, Nelson continuaba viviendo en Saravena, en la misma casa en la que fue capturado y cuya dirección él mismo le había proporcionado a la policía.
Sobre la captura, Flor Múnera nos cuenta: “el pasado 30 de abril, como a las 5 de la mañana llegaron golpeando duro las puertas y ventanas de nuestra casa; cuando abrí una ventana para ver quién era, había un policía apuntándome con un arma y me gritó: 'abra la puerta o le disparo'. Yo fui por las llaves, les abrí, entraron más o menos 15 policías hasta la habitación donde estaba mi compañero y nos dijeron: 'alcen las manos, contra la pared que es una requisa'. Para esa requisa los policías no me permitieron ni siquiera vestirme, ya que yo me encontraba en ropa interior y envuelta en una cobija, la cual me tocó descubrirme. En ese momento yo les pedí la orden de allanamiento, pero no la tenían, entonces un policía salió y luego regresó con la orden”.
“Cuando Nelson ya estaba detenido en la estación de policía, fuimos a llevarle el desayuno, pero no nos dejaron pasar, pues salieron con el cuento de que le llevábamos veneno en la comida. El desayuno lo dejaron entrar después de la audiencia de legalización de captura, es decir como a la una y media de la mañana del día siguiente”.
Lo mismo con Róbinson Ortega
La tesis del falso positivo se fortalece si uno conoce el caso de Róbinson, quien fue reseñado e interrogado en casa de su hermana por parte de agentes de la SIJIN. Shirley Ortega nos cuenta: “Hace como veinte días yo estaba en la casa con mi hermano Róbinson, cuando a eso de las 4:00 de la tarde llegó una camioneta blanca doble cabina de la SIJIN, de la que se bajaron varios agentes y preguntaron por el dueño de la moto que estaba parqueada frente a la casa; yo les dije 'ya les llamo a mi hermano'; él salió y le preguntó a uno de los de la SIJIN qué pasaba, que si había algún inconveniente, a lo que éste le respondió que era que se había perdido una moto minutos antes; luego le tomaron los datos personales (como dirección, número teléfono, número de la cédula, etc.) y le dijeron que se presentara en la oficina de ellos. Mi hermano se presentó esa misma tarde en las oficinas de la SIJIN y cuando llegó allí uno de los funcionarios le dijo: 'huy huevón, palabra que pensamos que usted no se iba presentar', a lo que mi hermano respondió que era normal, que si le habían dicho que había que presentarse él lo hacía, pues no debía nada; luego de verificar su cédula le dijeron que se podía ir”.
Mientras los familiares de Róbinson resaltan que éste se ha dedicado desde que salió del colegio a trabajar en un taller de mecánica, las autoridades afirman que él sería el sujeto que recogió en una moto al autor material del homicidio de la juez. Lo que no queda claro es por qué, si lo que dice la SIJIN es cierto, ese joven se presentó voluntariamente en la sede de esa entidad en Saravena, atendiendo a la citación que los mismos funcionarios le hicieron.
Y, como esperarán los lectores, la captura de Róbinson también se vio acompañada de irregularidades, tal como lo refirió su hermana en la denuncia correspondiente: la casa en que se encontraba el joven en compañía de su señora madre fue violentada por parte de la policía, es decir, ni siquiera llamaron a la puerta; entraron, allanaron de punta a punta, esposaron a Róbinson y lo interrogaron, filman y toman fotos. En este caso, tampoco se permitió a la madre y a la hermana de Robinson llevarle comida, con la misma absurda excusa de que ésta podía contener veneno. Los funcionarios de policía también impidieron el ingreso de las medicinas que estaba usando el capturado para evitar la infección de una herida en el pie a raíz de un accidente en bicicleta.
José Diomedes Gamboa
El tercer joven privado de la libertad por el caso de la juez Gaona fue José Diomedes Gamboa Giraldo, quien se dedicaba, con su madre y sus hermanos, a vender pescado en el municipio de Saravena. Precisamente se dirigía con ellos al río, en donde compran ese producto para luego comercializarlo en la plaza de mercado del pueblo, cuando fue capturado por parte de la SIJIN. Según su madre, Diomedes y sus hermanos han sido objeto de una constante persecución por parte de la policía judicial, cuyos miembros los señalan de ser milicianos de la guerrilla, a pesar de que en su actividad laboral que es cotidiana, le suministran pescado hasta al mismo ejército nacional.
Por otra parte, el día del homicidio de la jueza (marzo 22 de 2011), a la misma hora en que éste se cometió, Diomedes se encontraba frente a su casa, tratando de reparar una motocicleta que usa para su trabajo, la cual había amanecido varada. De esto son testigos los vecinos de esa calle.
El indicio del montaje
Todos estos hechos, denunciados ante la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra por los familiares de los tres detenidos, dejan un manto de duda acerca de la imparcialidad y la transparencia de las investigaciones judiciales y los procesos penales que se siguen desarrollando en Arauca, ejemplo de lo cual es precisamente este caso del homicidio de la juez penal del circuito de Saravena. Y es que la “sana crítica”1 indica que unas personas que supuestamente son responsables de un delito que ha tenido tanta trascendencia a nivel nacional, por quienes las autoridades han ofrecido una recompensa millonaria y quienes ya han sido reseñados en varias ocasiones por la fuerza pública, no seguirían viviendo tranquilamente en el mismo lugar de los hechos a la espera de su captura, ni mucho menos se presentarían ante la policía judicial para facilitar su función.
Para completar la escena, al día siguiente de las capturas, en plena marcha de conmemoración del primero de mayo, y mientras la fiscalía publicitaba la “ardua labor investigativa llevada a cabo por los miembros de la policía judicial”, los dirigentes campesinos y obreros que participaban en la jornada encontraron en un teléfono celular de uso oficial fotografías que respaldarían la denuncia de montajes judiciales. Dos miembros del servicio de inteligencia de la policía fueron sorprendidos por los marchantes, quienes retuvieron el teléfono celular de uno de ellos con el que se fotografiaba a los participantes de la jornada. A pesar de que el comandante de la estación de policía de Saravena eliminó el contenido de la memoria del celular cuando éste le fue devuelto (a través de acta escrita) los líderes sociales ya habían descargado las fotos y videos que contenía.
En el mencionado aparato se encontraron fotos no sólo de la marcha del primero de mayo, sino de otra manifestación pública que habían realizado los docentes de Saravena el pasado 7 de abril. Además de lo anterior, se encontraron varias fotos con fecha del 14 de abril de 2011 en las que aparece el agente que tenía asignado el celular —José Alirio Umaña Lizarazo, el mismo que fotografió a los manifestantes— portando un arma y posando sonriente junto a una bandera del ELN, la cual era sostenida por otras dos personas de las que sólo aparecen sus brazos.
Los dirigentes sociales de Arauca califican estas imágenes como evidencia de que el trabajo de los funcionarios de inteligencia y de la policía judicial se acerca más a los montajes o falsos positivos, que a “exhaustivas investigaciones”, dado que elementos como los que se aprecian en las fotos son los que posteriormente se utilizan en los expedientes como pruebas de cargo.
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