Arauca-Colombia, 25 de junio de 2013.
El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia en cumplimiento de su misión histórica de protección de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio, hemos hecho seguimiento de las leyes y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos, igualmente de la garantía y confianza con que los pobladores y dirigentes sociales puedan desarrollar sus actividades y su vida en condiciones de dignidad, por ello hemos denunciado con vehemencia todos aquellos hechos y acciones que atenten contra esas facultades y derechos e impidan su goce y disfrute.
En esta ocasión denunciamos ante la opinión pública regional, nacional e internacional un hecho de la mayor gravedad que vulneró no solo derechos fundamentales de las víctimas directas sino del proyecto social COOTRANSARARE LTDA. Además, de la incertidumbre en la comunidad de cara a los antecedentes de nuestra historia reciente de violencia y agresión contra el pueblo y sus proyectos.
El 18 de junio, en horas de la noche un conductor de taxi urbano afiliado a la empresa de economía solidaria COOTRANSARARE LTDA, fue abordado por tres militares del Batallón Reveiz Pizarro, quienes uniformados y portando sus armas de dotación lo obligaron a trasladarlos hasta el sector de la Copa para luego obligarlo a bajar del vehículo a él y una joven que había solicitado el servicio. Posteriormente el automóvil fue hallado accidentado en el sector de Villamaga, presentando daños de consideración.
Esta agresión aparte de constituir una fragante violación de los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, se establece en la comisión de los delitos de secuestro agravado, constreñimiento ilegal, amenazas, hurto y daño en bien ajeno, que victimiza a personas protegidas y sobre bienes de igual manera protegidos por la normas del Derechos Internacional Humanitario, y desconocen los principios de protección y distinción.
A pesar de que se ha querido minimizar el hecho planteándolo como una acción delincuencial de unos militares evadidos y con ganas de desertarse, aparte de la gravedad por la afección a las víctimas directas, todavía está en el ambiente las acciones de guerra sucia encubiertas que a nombre del eje del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales se causaron por el Estado contra los pobladores y dirigentes sociales, las cuales permanecen en la más completa impunidad pues las investigaciones no han avanzado mayormente y los pocos logros que se han tenido han sido por la movilización del pueblo y por la exigencia de la comunidad nacional e internacional, y que hoy luego de la aprobación de la reforma constitucional que amplía el fuero penal militar se intensifican los mecanismos de impunidad dándole en la práctica, inmunidad para continuar con las violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad, como los ocurridos en las masacres contra la comunidad de La Cabuya, Santo Domingo, Cravo Charo y Piñalito en el municipio de Tame, y Caño Seco municipio de Saravena, y las ejecuciones extrajudiciales de más de un centenar de personas en el departamento de Arauca, entre otros.
Por lo anterior, exigimos a los entes de justicia y control del Estado se investigue el hecho para que se establezca la verdad, haya justicia y se repare integralmente a las víctimas y los proyectos comunitarios afectados.
DENUNCIA PÚBLICA
El Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia en cumplimiento de su misión histórica de protección de la vida, los derechos humanos y la permanencia en el territorio, hemos hecho seguimiento de las leyes y los compromisos internacionales adquiridos por el Estado en materia de derechos humanos, igualmente de la garantía y confianza con que los pobladores y dirigentes sociales puedan desarrollar sus actividades y su vida en condiciones de dignidad, por ello hemos denunciado con vehemencia todos aquellos hechos y acciones que atenten contra esas facultades y derechos e impidan su goce y disfrute.
En esta ocasión denunciamos ante la opinión pública regional, nacional e internacional un hecho de la mayor gravedad que vulneró no solo derechos fundamentales de las víctimas directas sino del proyecto social COOTRANSARARE LTDA. Además, de la incertidumbre en la comunidad de cara a los antecedentes de nuestra historia reciente de violencia y agresión contra el pueblo y sus proyectos.
El 18 de junio, en horas de la noche un conductor de taxi urbano afiliado a la empresa de economía solidaria COOTRANSARARE LTDA, fue abordado por tres militares del Batallón Reveiz Pizarro, quienes uniformados y portando sus armas de dotación lo obligaron a trasladarlos hasta el sector de la Copa para luego obligarlo a bajar del vehículo a él y una joven que había solicitado el servicio. Posteriormente el automóvil fue hallado accidentado en el sector de Villamaga, presentando daños de consideración.
Esta agresión aparte de constituir una fragante violación de los derechos humanos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario, se establece en la comisión de los delitos de secuestro agravado, constreñimiento ilegal, amenazas, hurto y daño en bien ajeno, que victimiza a personas protegidas y sobre bienes de igual manera protegidos por la normas del Derechos Internacional Humanitario, y desconocen los principios de protección y distinción.
A pesar de que se ha querido minimizar el hecho planteándolo como una acción delincuencial de unos militares evadidos y con ganas de desertarse, aparte de la gravedad por la afección a las víctimas directas, todavía está en el ambiente las acciones de guerra sucia encubiertas que a nombre del eje del paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales se causaron por el Estado contra los pobladores y dirigentes sociales, las cuales permanecen en la más completa impunidad pues las investigaciones no han avanzado mayormente y los pocos logros que se han tenido han sido por la movilización del pueblo y por la exigencia de la comunidad nacional e internacional, y que hoy luego de la aprobación de la reforma constitucional que amplía el fuero penal militar se intensifican los mecanismos de impunidad dándole en la práctica, inmunidad para continuar con las violaciones de Derechos Humanos y Crímenes de Lesa Humanidad, como los ocurridos en las masacres contra la comunidad de La Cabuya, Santo Domingo, Cravo Charo y Piñalito en el municipio de Tame, y Caño Seco municipio de Saravena, y las ejecuciones extrajudiciales de más de un centenar de personas en el departamento de Arauca, entre otros.
Por lo anterior, exigimos a los entes de justicia y control del Estado se investigue el hecho para que se establezca la verdad, haya justicia y se repare integralmente a las víctimas y los proyectos comunitarios afectados.
¡POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO!
¡POR UNA COLOMBIA LIBRE Y SOBERANA…UNIDAD Y LUCHA!
MOVIMIENTO POLÍTICO DE MASAS SOCIAL Y POPULAR DEL CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA
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