La responsabilidad de los jóvenes y estudiantes hoy no solo versa en la necesidad de defenderla educación pública, sino también en defender el alimento, la salud, la vivienda, el territorio y especialmente a los trabajadores y trabajadoras.
Esta defensa que se hace desde la entrega diaria, las utopías y la organización, nos lleva a evidenciar que la principal lucha que debemos dar es en contra de las políticas nacionales que propenden por la explotación de la tierra y la profundización de las contradicciones que históricamente se han desarrollado en el sistema capitalista, las cuales conllevan a la proliferación de valores como el individualismo y el enajenamiento de la realidad. En este sentido se hace necesario preguntarnos¿qué pasa con el campo en Colombia? ¿Qué tanto nos afecta la explotación minera, petrolera, y con estas el despojo? Así, enumeraremos una serie de problemáticas que como ya mencionamos, son el producto histórico del sistema capitalista.
La problemática agrícola hoy se caracteriza por la privatización de las semillas con la ley 1518 de 2012 que imposibilita la soberanía y autonomía alimentaria condicionándonos a economías extranjeras, al prohibir la siembra y multiplicación de las semillas criollas. Se suma a esta grave situación de nuestros campesinos, la necesidad de cedulas cafeteras que se convierten hoy en un documento primordial para los negocios iniciando su funcionamiento en 2006 generando un acaparamiento de los beneficios para muy pocos productores. Cuando se habla de restitución de tierras con la ley 1448 de 2012 se plantea devolver millones de hectáreas de tierras despojadas a sus propietarios legítimos, pero está el peligro de que dichas hectáreas queden en manos de las personas que se apropiaron de ellas durante el conflicto armado de manera indebida, facilitando que los beneficios obtenidos en esas tierras por medio de proyectos agroindustriales o de otro tipo queden en manos de esas personas, y los verdaderos propietarios, los campesinos, quedan por fuera del derecho de exigir estas hectáreas como su propiedad y poder cultivarlas.
Los mineros artesanales actualmente se encuentran sometidos a abandonar sus territorios o vender su trabajo a cambio de alimento y a someterse a tratos indignos para su supervivencia, como se evidencia con la caída de la ley 1382 de 2010 y la resurrección del Código de Minas de 2001 o ley 685 de 2001, dejando desprotegidos a paramos y humedales, dándole garantías y privilegios a la gran minería para la obtención de licencias ambientales. Los transportadores padecen de la privatización y monopolización de los transportes, caracterizado por la inconsistencia económica que genera el desmonte de la tabla de fletes, el deterioro de las vías, el encarecimiento de la gasolina y la reposición del parque automotor.
La situación de maestros, estudiantes y de la educación en general, no se escapa a las dinámicas de despojo del territorio, caracterizándose por la privatización de la educación pública, con intentos agazapados de reformar la ley 30 de 1992 en 2011. La imposición de lógicas mercantiles en el desarrollo de los contenidos académicos y finalmente la esterilización de los contenidos, la criminalización, el señalamiento y la persecución a maestros, trabajadores y estudiantes.
Las políticas nacionales, están ligadas a la búsqueda de expansión de las multinacionales y la puesta en marcha de los tratados de libre comercio entre Colombia y varios países (Estados unidos, Corea, Canadá, etc.)
Como consecuencia encontramos un acumulado de contravenciones que agravan la situación del país, cambios en el modo de vida, daños ambientales, abandono del campo y constante desplazamiento a las periferias de la ciudad.
Un elemento fundamental en la implantación de esta lógica económica, es la militarización de la vida, para lo cual el Estado en los últimos cuatro años ha invertido cerca de 22 millones de dólares en las Fuerzas Armadas, en mejoras de armamento y en sistema de defensa. Esto indica que el gasto anual destinado a la guerra corresponde al 25 % del presupuesto nacional, alcanzando en los últimos 10 años una inversión cercana al 5 % del PIB anual. Señalamos también que actualmente el sector privado destina 5.800 millones de dólares al año en protección y seguridad, lo que corresponde a 2 puntos del PIB.
La impunidad reina en nuestros territorios con la intervención permanente de grupos paramilitares que amenazan, roban, desaparecen y asesinan a aquellos que inconformes nos levantamos para hacerle frente a este régimen de terror que despoja y vende nuestra tierra. Así, Colombia se sitúa entre los diez Estados con los ejércitos más grandes, caracterizado por el uso de prácticas ilegitimas.
Esta lógica que impone terror, despojo y desplazamiento, se encuentra amparada en el fuero penal militar y la ley de seguridad ciudadana, que criminalizan la justa protesta social y justifican la impunidad del Estado, en casos como los falsos positivos.
Invitamos a estudiantes, campesinos y obreros, a participar de la jornada de movilización y protesta agraria y popular el 19 de agosto de 2013. Finalmente señalamos la necesidad de no dejar cooptar esta jornada de protestas sociales por los intereses particulares y electoreros que nos desarticulan de las verdaderas luchas.
Por territorio y Vida Digna
Levanta la voz ante cualquier injusticia, siembra conciencia, piensa y organiza
Colectivo Praxis Filosófica
Colectivo Enriqueta Jiménez Gaitán
Grupo de Estudios de Educación Popular María Cano
Movimiento Juvenil y Popular Quinua
