Por: Trochando Sin Fronteras.
La audiencia petrolera que se adelanta en Puerto Gaitán se ha centrado en presentar acusaciones y sus respectivos elementos probatorios, contra la empresa que más saca petróleo de Colombia en la actualidad, la Pacific Rubiales Energy.
Además de las violaciones a los derechos laborales y las condiciones extremadamente desiguales en que el Estado colombiano negocia con esa empresa, su operación en el municipio de Puerto Gaitán ha generado graves impactos en los pueblos indígenas Sikuani, Sáliva y Achagua, a quienes se les ha despojado el territorio o se les ha confinado en una pequeña parte del mismo. Estas comunidades denunciaron que la Pacific les invade el territorio sin siquiera consultar o informar a sus autoridades, pero además con sus cuerpos de seguridad, policía y ejército, controlan las vías de entrada y salida a los resguardos.
Esto se agudiza si se tiene en cuenta que la contaminación generada por la actividad extractiva ha deteriorado de tal manera el entorno natural, que tanto los indígenas como los campesinos deben consumir agua contaminada y los elementos ancestrales de caza y pesca se han visto disminuidos.
Esa situación coincide con la conclusión a la que llegó la Corte Constitucional, cuando advirtió que en Colombia hay 34 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural, no sólo por efectos del conflicto armado, sino por la implementación de proyectos económicos que van en contravía de su consmovisión, costumbres ancestrales y supervivencia.
La Unión Sindical Obrera – Subdirectiva Meta, denuncia cómo Pacific impide a toda costa que sus más de 20.000 trabajadores ejerzan el derecho constitucional de Asociación, pues los que osan afiliarse a la USO son despedidos y/o vetados or las propias empresas contratistas, además de ser amenazados de muerte.
Por estos casos el Ministeri del Trabajo ha investigado y sancionado algunas contratistas de Pacific en Puerto Gaitán, lo cual no ha impedido que esas prácticas ilegales continúne.
Incluso, y luego de que la USO participara en una negociación de asuntos laborales con los trabajadores y Pacific, esta compañía promovió la creación de otra organización sindical con 600 miembros (UTEN) y realizó un acuerdo con ésta, desconociendo las exigencias de la mayoría. Además de lo anterior, la empresa y sus contratistas terminaron despidiendo o liquidando contratos a más de 17.000 trabajadores de los campos Rubiales y Quifa, lo que se constituyó en la mayor masacre laboral en la historia de Colombia.
Otro mecanismo de Pacific para ejercer persecución laboral es la firma de actas de terminación por mutuo acuerdo, sin que tal condición se mencione explícitamente en el respectivo documento, la elaboración de listas negras –vetados-, tanto al momento de realizar la contratación como a la entrada de los campos de producción (caso DUFLO).
Y si la respuesta de trabajadores y habitantes de las zonas de influencia petrolera es la protesta y reclamación de sus derechos, la reacción de Pacific es la criminalización, la cual se evidencia en casos como el homicidio Milton Rivas, afiliado a la USO, agresión física por parte de ESMAD en las protestas, homicidio de ENOB HERNÁNDEZ GARCÍA, quien fue asesinado por un sicario luego de amenazas por parte de un ingeniero funcionario de Hocol, quien había invadido un predio de la víctima (en este caso, un testigo fue asesinado tres días antes de rendir su declaración, la familia fue amenazada y desplazada de su residencia en Puerto López y el proceso fue archivado por el fiscal 34 de Puerto López).
Se presentó el testimonio de John Alexander Rodríguez, dirigente de la USO, quien fue golpeado, torturado, amenazado y judicializado en octubre 5 de 2012, luego de participar en una asamblea y manifestación pacífica de los trabajadores de termotécnica. Todas esas agresiones, por parte de miembros de la policía nacional, y uno de ellos, el patrullero Oscar Paipa, le manifestó que se había hecho una reunión la noche anterior en la alcaldía de Puerto Gaitán, en la que se dijo que iban a matar a un dirigente de la USO porque ellos eran guerrilleros que habían llegado a Pto. Gaitán a dañar la paz que tenía la Pacific. En el mismo sentido, se conocieron varios casos de detención y judicialización de dirigentes sociales y sindicales.
Por último, la corporación Aury Sará denunció que los campos petroleros están llenos de efectivos del ejército y policía, fuertemente armados, que amedrentan permanentemente a los trabajadores y están al servicio de las petroleras al impedir el libre tránsito de los ciudadanos e impidiendo el contacto del sindicato con los trabajadores, haciendo retenes en las vías que conducen a los campos de producción.
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