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| Foto archivo Trochando Sin Fronteras |
La Fundación relata los hechos en los cuales han perdido la vida 8 personas y hace un llamado a los actores del conflicto dejar por fuera de sus acciones a la población civil y determinarse por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
A la vez exige a los organismos nacionales de justicia investigar los hechos denunciados, y en general al Estado colombiano cumplir con su obligación constitucional y legal proteger a los pobladores y comunidades en su vida, integridad y libertad.
Este es el texto completo de la denuncia:
DENUNCIA PÚBLICA
Las muertes violentas siguen complicando la de por sí grave situación humanitaria en el departamento de Arauca, nuevamente el municipio de Tame es escenario de éste tipo de hechos de sangre que involucra principalmente a los jóvenes.
El 21 de septiembre a la 1:40 de la madrugada, fueron asesinadas tres personas en el sector de la Zona de Tolerancia en el municipio de Tame, las víctimas fueron identificadas como JOSÉ NILSON CRUZ FUENMAYOR, de 22 años, EDWIN SAÍN NIÑO AMAYA, de 19 años y JHOAN DAVID GONZÁLEZ ARTE, de 29 años de edad.
El 1 de septiembre, en la vereda los Chorros del municipio de Arauquita, fue hallado el cuerpo sin vida del joven EVER ASCANIO CARRASCAL de 23 años de edad, procedente de Aguachica Cesar.
El 18 de agosto, en la vereda Miramar del municipio de Saravena, fue ultimado de varios impactos de arma de fuego el joven RUBÉN DARÍO DURÁN REMOLINA, de 17 años.
Al momento de esta denuncia no se conoce sobre móviles y autorías de estos homicidios, en el caso de Tame se habla por los medios de una posible “limpieza social” sin que haya pronunciamiento alguno de las instituciones.
De otra parte, continúan retenidos desde el 10 de septiembre, el ingeniero YESID FRANCISCO GALINDO, el administrador ÉBER ARNULFO MORERA y el conductor del vehículo NELSON CARREÑO BECERRA, trabajadores de la industria petrolera al servicio de la empresa Termo Técnica, subcontratista del Oleoducto Bicentenario, hecho que se atribuye según las autoridades al Ejército de Liberación Nacional ELN.
Por lo anterior, hacemos un llamado a los actores del conflicto dejar por fuera de sus acciones a la población civil y determinarse por las normas del Derecho Internacional Humanitario.
A los organismos nacionales de justicia investigar los hechos denunciados, y en general al Estado colombiano cumplir con su obligación constitucional y legal proteger a los pobladores y comunidades en su vida, integridad y libertad.
POR LA DEFENSA DE LA VIDA, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA PERMANENCIA EN EL TERRITORIO.
FUNDACIÓN DE DERECHOS HUMANOS JOEL SIERRA
NUESTRA ACCIÓN ES LEGAL Y LEGÍTIMA
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